Fuente: AEDRA
Desguaces Acedo atesora una larga trayectoria profesional: nada menos que 47 años son los que su fundador, Arturo Acedo, lleva en la brecha del negocio. “Toda la vida en el Polígono de San Martín de la Vega -detalla-. El nuestro es uno de los tres primeros Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) que fueran autorizados como tales en la Comunidad de Madrid. Hoy contamos con 19 empleados y cada año descontaminamos unos 2.000 vehículos al final de su vida útil”. Cifras contundentes para unos de los CAT precisamente fundadores de nuestra asociación, AEDRA.
En 2019, sin embargo, las cosas se torcieron de forma imprevista. Una inspección rutinaria del SEPRONA y el UCOMA (unidad adscrita a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo), pertenecientes a la Guardia Civil, a cinco CAT del polígono, uno de ellos Desguaces Acedo, demostraba en su caso que tras el análisis de unos 40-50 vehículos medioambientalmente descontaminados quedaban unos miligramos de gases refrigerantes de tipo R134A en sus circuitos de refrigeración.
El resultado derivó en la apertura de un expediente seguido de una nueva inspección, unos meses más tarde, a cinco vehículos no descontaminados en los que también quedaban restos de los citados gases, si bien, y como antes sucediese en aquellos primeros coches, la máquina extractora de R134A marcaba un tajante ‘cero’ al final de su operación.
Procedimiento incorrecto
Como luego se demostraría en el procedimiento judicial, y antes al analizar la situación, el problema radicaba justo ahí: la máquina extractora exige un modo de funcionamiento concreto para evitar que sus circuitos se congelen en el proceso extractivo de los gases. De lo contrario exhibe una lectura de datos incorrecta. La denuncia, por la que la fiscalía solicitó a Arturo Acedo cuatro años de cárcel y multa de 70.000 €, y a uno de sus operarios dos años de prisión y multa de 20.000 €, siguió adelante.
Ya con asesoramiento legal de Rafael Pardo Correcher, Director de AEDRA, y del también letrado Manuel Marchena Perera, Arturo se vio entonces en la siguiente disyuntiva: ir a juicio o bien evitarlo pactando con fiscalía, pero entonces reconociendo su culpabilidad, lo que hubiese supuesto admitir una mala praxis “que jamás he cometido”, aclara. Y añade: “Desde siempre he sido una persona rigurosa y metódica en mi trabajo. Jamás hasta este episodio hemos tenido una multa o sufrido la apertura de expediente sancionador alguno. Pactar con la fiscalía hubiese evitado el juicio, sí, pero también anotar un serio borrón legal en nuestra trayectoria que no estábamos dispuestos a admitir”.
Y así fue: el CAT optó por seguir adelante con la vía judicial y acudió a una vista en la que, tras las declaraciones de miembros de SEPRONA y UCOMA, de los peritos de las partes (entre otros, Desguaces Acedo asumiría el peritaje y verificación de 13.700 vehículos al final de su vida útil, legal y medioambientalmente desmantelados entre los años 2013 a 2019) y de otros técnicos la propia fiscalía desestimó la causa, dando así la razón a la parte acusada “previa fijación por la sala de una sentencia que sienta jurisprudencia”, agrega Arturo.