Fuente: El Confidencial
El nuevo Real Decreto de vehículos al final de su vida útil (VFU) dictamina cómo desprendernos de los coches que ya no van a seguir en la carretera. La modificación de esta normativa, que se inició hace ahora cuatro años, debe contribuir a poner fin a las actuaciones ilegales en la gestión y tratamiento de este tipo de residuos para avanzar hacia su correcto tratamiento y favorecer el reciclaje de sus materiales, algunos tan valiosos y altamente contaminantes como las baterías de los vehículos híbridos y eléctricos.
Aspectos necesarios
Para Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), entidad que agrupa entre otros al 90% del sector de la recuperación de metales, el 80% de los que reciclan aparatos eléctricos y electrónicos y el 60% de los recicladores de neumáticos, la nueva normativa incluye modificaciones que eran necesarias, «como la referente a la baja temporal de vehículos, para la que se establece ahora un plazo de duración de un año, pudiendo ser prorrogable por el titular» así como otra serie de aspectos importantes “como los vehículos declarados siniestro total y a la exigencia de disponer de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla para la exportación”.
Con anterioridad estos aspectos habían supuesto una vía de escape a los agentes ilegales y a la proliferación de los denominados ‘coches zombis’, unas dinámicas fraudulentas y peligrosas que con estas modificaciones de la normativa podrían verse atajadas. Por otro lado, se produce una notable mejora en la trazabilidad del vehículo descontaminado y las piezas no comercializadas, pues se obliga a pasar necesariamente por la instalación de fragmentación y, además, en el caso de que el desguace no comercialice las piezas, éstas deberán entregarse a un gestor autorizado (CAT), acabando con las entregas irregulares de catalizadores a gestores no autorizados.
Mayores medidas de seguridad y control
Desde FER se pone en valor la inclusión de nuevas exigencias en cuanto a la preparación para la reutilización, dando especial relevancia a la exigencia de un certificado que deberá acompañar a las piezas reutilizadas y aparecerá en la factura correspondiente. Además, la nueva ley clarifica y regula los procesos documentales de los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) o desguaces en relación con la documentación de tráfico.
En la normativa también se establecen nuevos criterios de seguridad, como la exigencia de una cualificación específica para los profesionales que se encarguen de la manipulación de los vehículos híbridos y eléctricos, en especial de sus baterías, “lo que consideramos muy necesario para asegurar la mayor seguridad de los operarios ante posibles descargas eléctricas”, señala García-Franco, quien ha lamentado que la modificación de esta norma, que ha tardado tantos años en verse cumplimentada, tendrá que volver a revisarse apenas dentro de un año, cuando entre en vigor la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados.